1. Marco europeo
Discapacidad y accesibilidad en la Unión Europea (UE)
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (CNUDPD) se aprobó en 2006 con el objetivo de promover, proteger y garantizar el disfrute pleno e igualitario de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por parte de todas las personas con discapacidad.
La Unión Europea adoptó en 2010 una Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 para aplicar la CNUDPD basada en la experiencia del Plan de Acción sobre Discapacidad (2004-2010).
En 2016, el Consejo de Europa adoptó su Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2017-2023 El objetivo general era lograr la igualdad, la dignidad y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y animar a los Estados miembros a tener en cuenta 5 cuestiones transversales en su legislación, políticas y actividades: igualdad y no discriminación, sensibilización, accesibilidad, igualdad de reconocimiento ante la ley, ausencia de explotación, violencia y abuso.
En junio de 2020, el Parlamento Europeo estableció sus prioridades para una nueva estrategia de la UE sobre la discapacidad para después de 2020, basándose en la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020.
En marzo de 2021, la Comisión adoptó la Estrategia para los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030, la cual recoge las principales recomendaciones del Parlamento. Algunas de estas recomendaciones son la igualdad de acceso de las personas con discapacidad a la sanidad, el empleo y el transporte público y la puesta en marcha del proyecto piloto de la tarjeta europea de discapacidad.
En octubre de 2021, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó en su totalidad un informe sobre la protección de las personas con discapacidad a través de las peticiones europeas. El informe recoge la aprobación de una serie de enmiendas relativas a la creciente participación de las personas con discapacidad en el mercado laboral y la mejora de su accesibilidad. Se trata de un llamamiento a los Estados miembros para que garanticen la igualdad de trato de las personas con discapacidad.